Entre lo humanitario y lo político: el éxodo hondureño

Las escenas de personas, familias, que caminan en masa rumbo a Estados Unidos, forzando su entrada en la frontera sur de México son por demás dramáticas. ¿Cómo entender la movilidad humana cuando esta se da de forma masiva? ¿Qué políticas han aplicado los países involucrados?

En la región Centroamérica-México-Estados Unidos se experimentan cada vez con mayor frecuencia la migración de colectivos de personas camino a Estados Unidos. En años recientes esta región ha visto la transmigración voluminosa de poblaciones de diversos países donde los desplazamientos de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras son cada vez más numerosos. Además del flujo tradicional del triángulo norte se han presentado migraciones significativas de personas de otros países como Cuba, particularmente entre 2015 y 2017; Haití en 2016; Venezuela en 2017 y 2018 y de Nicaragua desde 2016 aunque en menor proporción.

El actual desplazamiento poblacional de migrantes de origen hondureño, que inició el 13 de octubre como una caravana y muy pronto se transformó en éxodo masivo, refleja la crisis económica, política y de violencia que se vive en Honduras. Para las familias que se ven orilladas a emprender un trayecto de migración en masa que les otorgue por lo menos un mínimo de seguridad de la que se carece cuando se viaja a solas, sin embargo, un camino largo y sin garantías de lograr su objetivo de llegar a Estados Unidos, aun así es preferible que permanecer en una situación y un país sin lugar para la esperanza.

Desde la perspectiva de política pública, para México la actual coyuntura representa un reto mayúsculo ya que, como gobierno, se busca el manejo ordenado de la migración, pero también se tienen obligaciones internacionales y de la propia ley de asilo mexicana, de apoyo a poblaciones vulnerables. En este sentido, el gobierno mexicano ha tenido un actuar de forma ambivalente, con una primera reacción de contención enviando un numeroso contingente de policías federales antimotines a la frontera sur, lo que llevó a un enfrentamiento en el puente fronterizo.

También se ha desplegado a lo largo de la ruta a Tapachula y Huixtla, otros grupos de policías como estrategia de amedrentamiento. Pareciera que día a día la administración del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, se enfrenta a la tentación de reprimir, detener y deportar.

La segunda postura que el gobierno mexicano ha tomado es de carácter diplomático y político: se reconoce la gravedad de la situación y se solicita la intervención de ACNUR para apoyar en la atención de la emergencia humanitaria, y se pidió el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Así mismo, los organismos de derechos humanos como la CNDH y la CIDH solicitaron medidas cautelares para proteger a las personas que vienen en la caminata migrante. Desde un principio la CNDH ha estado presente en la zona tanto en su papel de observadores y garantes de los derechos humanos, como dando apoyo humanitario.

A su vez, en un comunicado conjunto del 19 de octubre, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que México refrenda el derecho a solicitar refugio pero al mismo tiempo se afirma que deportará a migrantes irregulares, es decir, a aquellos que no realicen el trámite de ingreso al país por el puente fronterizo conforme a la ley, a través del Instituto Nacional de Migración.

Así, para el gobierno mexicano su actuar debe ser acorde a la ley migratoria y a la ley de asilo, y su relación con la caravana hondureña se circunscribe a este marco. En este sentido, el lunes 22 de octubre, el presidente de México refrendó esta postura al declarar que “es poco probable que aquellos en la caravana que no siguieron las reglas puedan permanecer en México o llegar a los Estados Unidos”. Desde un principio el gobierno ha informado que quienes entraron de manera irregular serán repatriados.

En concreto, el gobierno mexicano sí ha tramitado el ingreso ordenado por el puente de entrada entre Guatemala y México conforme a la ley. Por ejemplo, la noche del 23 de octubre, México permitió la entrada de aproximadamente 400 personas que, desde el 19 de octubre, esperaban a la intemperie y hacinados en el puente fronterizo con Guatemala para poder cruzar a México, sin embargo, según informan organizaciones civiles en Ciudad Hidalgo, el procesamiento ha sido a cuenta gotas, se les ha trasladado a la estación migratoria habilitada en la Feria Mesoamericana, y en los hechos estas personas están detenidas, incluidos niños (lo cual es contrario a la ley de protección a la niñez y adolescencia).

Aunado a todo esto, el impacto político de la Caravana es costoso para la causa misma de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, al entrar de manera violenta a México.

En un segundo escenario paralelo al anterior y considerando que continúa aplicándose la política de cero tolerancia, se tiene la certeza sobre el trato que recibirán las personas migrantes que logren cruzar a en Estados Unidos: serán detenidas y enviadas a prisiones migratorias por meses para ser deportadas. Las familias serán encerradas en “albergues” (que funcionan como prisiones) y los menores no acompañados serán enviados al campamento en Texas y otros “albergues”. Quienes sí se benefician en este escenario son las compañías que tienen los contratos para el manejo de los centros de detención migratoria y de albergues, se beneficia ICE porque recibirán más fondos. Asimismo, se afecta todo el sistema de cortes migratorias y el acceso al debido proceso simplemente porque tanto las cortes como los organismos de defensa de migrantes en Estados Unidos están rebasados.

No está de más hacer hincapié que este éxodo masivo sin duda requiere de una acción alejada de una visión de seguridad, ya que estas posturas solo llevan a que se escalen los riegos, tal como lo plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, “en los hechos se tiene una situación extraordinaria que requiere atención urgente de los gobiernos de la región y organismos internacionales en la materia, ya que involucra a miles de personas que al encontrarse en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema requieren de la protección de sus derechos humanos y del respeto a su dignidad.”

Es decir, los países de la región se beneficiarían de negociar acuerdos que faciliten el movimiento de poblaciones precisamente para erradicar la necesidad de desplazamientos masivos, para regularizar y documentar el flujo y para acabar con el negocio del tráfico de personas. Para ello sería necesario desarrollar soluciones que incluyan el combate a la violencia estructural ejercida por las corporaciones internacionales que desplazan poblaciones de sus territorios, combatir al crimen organizado de manera coordinada y principalmente crear opciones de vida en las regiones de origen. Este desplazamiento masivo de población sin duda alguna obliga a una respuesta regional comprensiva y humanitaria y evitar a toda costa normalizar y aceptar la salida masiva y forzada de las poblaciones de sus tierras natales.

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