·      California tiene 5,200 millones para el perdón de alquiler, pero no todos los fondos han sido gastados.  

·      Se requiere un millón 200 mil viviendas para cubrir un déficit que sigue creciendo.

Los Ángeles, Cal.- California tiene 5 mil 200 millones para gastar en el perdón del alquiler, pero no todos esos fondos han sido gastados informó Tina Rosales, defensora de políticas de la organización Centro Occidental de Derecho y Pobreza.

Previo al anuncio del gobernador Newsom, el pasado lunes 28 de junio, de extender la moratoria de desalojos hasta el 30 de septiembre, Rosales dijo que en los últimos meses han estado trabajando con activistas en todo el estado en educación en áreas donde hay brechas en tecnología y lingüísticas, y en donde en los próximos meses se van a dar perdones de alquiler.

“Sabemos que hay 5.2 mil millones”, dijo al informar que la mitad de ellos debían de haberse gastado hasta marzo 31 del año pasado, pero que no todos los fondos han sido entregados, por lo que buscan cómo hacerlos más accesibles.

“No tenemos datos para saber cuál es el problema”, dijo al referirse a la razón por la que no han sido entregados, pero lo que sí comentó es que han escuchado de los solicitantes que las aplicaciones han sido difíciles para completar y hay cosas que no se podían resolver, por lo que les tomó 3 horas para hacerla en lugar de 30 minutos.

La brecha tecnológica fue con un 92% la más alta que han visto dentro de las barreras de acceso para las ayudas, dijo Francisco Dueñas, director ejecutivo de la Coalición Housing Now, indicando que para calificar uno tenía que tener un e-mail. (correo electrónico).

“La solicitud solo era en línea, no en papel, y la gente no tenía acceso a internet, uno tenía que subir documentos. Hubo muchos problemas”, añadió, tras comentar que a veces fue difícil estar en comunicación con los dueños de propiedad.

Además, un alto porcentaje, con 83% de la gente, tenían preocupaciones relacionadas con inmigración al pensar que la ayuda era Carga Pública.

Es por eso que la gente necesita tener mejor acceso a los recursos, consideró Rosales, al hablar de que miles de desalojos se han podido evitar, un poco, debido a las moratorias.

Una investigación del Centro Conjunto de estudios de la vivienda de Harvard indica un aumento de la brecha del país entre la oferta de vivienda y la necesidad de vivienda, especialmente las asequibles de bajos ingresos, haciéndose más grave para el estado de California en donde se necesita un millón 200 mil viviendas.

“Escuchamos que no hay mucha vivienda, pero al producirla tenemos que tener un lente equitativo”, manifestó la activista, al decir que eso significa que se debe producir vivienda que no desplace a la gente y que se sigan guías ambientales, porque hay gente que está enfrentando desastres naturales.

La también abogada comentó que en lugares como Fresno o Watsonville, California, hay un incremento de personas sin hogar.

“Cuando hablamos de vivienda debemos pensar en los que no tienen vivienda, como los desamparados”, opinó, al considerar que la mejor manera de prevenir que la gente se quede sin vivienda es proporcionarles servicios legales.

Eventualmente, dijo que las moratorias van a expirar y los abogados ayudarán a asegurar que la gente tenga ayuda, lo mismo que las organizaciones de asistencia, quienes a su vez, tienen que ser más efectivas en otorgar esa ayuda y buscar más fondos para la comunidad.

Por el momento, sostuvo, que hay un abogado por cada 5 mil personas que enfrentan un desalojo y esa disparidad se va incrementar.

Sara Kimberlin, analista política sénior del Centro de política del presupuesto de California, habló sobre su trabajo que están haciendo recientemente relacionado con la disponibilidad de la vivienda.

Explicando que los inquilinos de California son generalmente los de bajos ingresos. “Más o menos dos tercios de la gente que gana sobre la línea de pobreza son los inquilinos” y quienes se van a ver afectados al término de la expiración de las moratorias de desalojos, estimó.

Como otro dato, dijo que tienen que ver también con el tema racial y étnico, al ser la gente negra, latina e indios americanos los que mayor mente residen en vivienda de renta, en comparación con la gente blanca y asiática.

Kimberlin también resaltó que los inmigrantes indocumentados son los más probables que vivan en una vivienda alquilada, por lo que para California será mayor el problema en cuanto termine la moratoria para evitar los desalojos.

En este contexto, argumentó que los inquilinos en California ya estaban afectados por los pagos altos de las rentas, incluso, antes de Covid-19.

El 85 % de las personas de bajos ingresos estaban pagando más del 30% de sus ingresos en alquiler, antes de covid-19. Lo cual no es asequible, añadió.

En general el 61% de los inquilinos estaban pagando más de la mitad en el alquiler, si es que llegan a tener ingresos, pero si tienen una emergencia es muy difícil lidiar con eso, explicó.

Por etnia, sostuvo que más de la mitad de los latinos estaban pagando más de lo que podrían.

“Es muy probable que las personas afectadas con la pérdida de ingresos, especialmente en la gente que gana poco, personas que aún no tienen empleo, son los que pagan demasiado en alquiler”, explicó.

Y comentó que “hay una crisis bastante fuerte para las personas para pagar el alquiler”.

Admitió que lo mismo pasa en las zonas urbanas y rurales, ejemplificando que en San Francisco los costos son muy altos en todo, pero en las áreas rurales son más bajas las rentas, pero igual los salarios son bajos.

“Lo que significa que el problema es cuánto está ganando la gente y cuánto está pagando por el alquiler”, afirmó.

En áreas como el Valle Central indicó que los inquilinos están pagando 51% de sus ingresos, en Sacramento 52% y Los Ángeles 55%.

Por su lado, Francisco Dueñas director ejecutivo de la Coalición Housing Now, que agrupa a más de 100 organizaciones y que informan de políticas que afectan a las comunidades de color, compartió los datos de un estudio de su agencia sobre cómo prevenir la epidemia de desalojos y la deuda.

Indicando que 730 mil hogares, con un millón de californianos, están atrasados con su renta con un estimado de una deuda de 3 mil millones. Cada inquilino tiene una deuda con un promedio de 4 mil 400 dls.

Es decir, 8 de cada 10 inquilinos están atrasados con el pago de la vivienda porque perdieron su empleo durante la pandemia.

El 77% de los inquilinos con deudas son de bajos recursos y 57% desempleados.

Dueñas dijo que de los resultados del estudio encontraron que las protecciones y ayudas realmente ayudan a los inquilinos en su salud y salvan sus vidas, pero solamente si las personas tienen acceso a esos apoyos o ayudas.

“Uno de los mensajes importantes de la vivienda es la salud, es un tema de salud pública, aunque nuestra comunidad en general no entienda esto”, indicó.

Reveló que uno de los impactos debido a la inestabilidad de la vivienda debido a Covid o por la falta de ayuda en el pago del alquiler fue que el 83% de los clientes de las organizaciones indicaron que estaban enfrentando problemas de salud mental.

Hay gente que se contagió de covid o que vivía con mucha gente por lo que su exposición al covid se incrementó en 65%.

Un 64 % de ellos usó el dinero de su renta para comprar comida o medicinas.

Lo que también notaron, dijo, es que los dueños de propiedades, todavía continúan desalojando a sus inquilinos aún con las moratorias y las ayudas para el alquiler.

Aunque reconoció que las moratorias son efectivas, porque la cantidad de desalojos son más bajos, aunque no significan que no estén sucediendo.

También dijo que en el estudio encontraron que hay barreras y restricciones que está haciendo que mucha gente no tenga acceso a esta ayuda.

Lo mismo pasa con los dueños de las viviendas, quienes también están frustrados porque no han recibido la ayuda.

En contraparte muchos de los inquilinos han tenido que mudarse porque no querían continuar con una deuda o porque los acosaron tanto que no pudieron continuar en la vivienda.

Hay gente que ha estado por mucho estrés elevado, pero una vez que recibieron la ayuda, se pudieron recuperar y trabajar.

Otros por el contrario terminaron en la calle sin vivienda durante este tiempo de la pandemia.

La falta de vivienda afecta la salud, la educación de los niños y niñas, afecta si uno termina sin vivienda. Es muy probable que niñas y niños terminen en adopción estimó, al comentar que una de sus recomendaciones es que haya una extensión de solicitud contra los desalojos mucho más fuerte, así como mejorar la accesibilidad lingüística para los inquilinos que solo hablan una lengua.

Otra recomendación que hace el activista y profesionista en ciencias políticas, Larry Halstead, es que se eliminen los obstáculos para crear vivienda asequible.

Larry es sobreviviente del incendio forestal Paradise Camp ocurrido en Chico, California, en donde residían 20 mil personas, pero fueron devastadas por el voraz fuego 15 mil viviendas, una de ellas la del activista.

En el incendio del 8 de noviembre del 2018 se perdieron 100 vidas. Larry estima que fueron más, porque no se contó a la gente que no tenía vivienda: los homeless.

El resultado de la devastación fue el desplazamiento de 50 mil personas por la pérdida de 15 mil casas.

“Uno dice regresamos. Tenemos un plan para crear 15 mil viviendas, pero en un solo momento fueron perdidas”, comenta Larry, al explicar que luego del incendio se quedó literalmente sin nada.

“Hubo una evacuación. Tuvimos que escapar. Tenemos 5 niños adoptados con necesidades especiales y terminamos sin hogar por 3 meses, antes de que yo pudiera lograr encontrar una casa”.

“Yo estoy viendo en un lugar a 2 cuadras donde estaba mi casa”, pagando 2 mil dls al mes, lamenta.

Según Leslie Layton, editora de ChicoSol, la realidad es que muchos de los refugiados de los incendios viven en caravanas.

“El área es de las peores, está muy desfasada de lo que la gente gana dinero y lo que puede pagar”, incrementando la población de homeless de Chico muy rápidamente, estimó.

Dijo que los precios del alquiler subieron, al mismo tiempo que los inquilinos eran sacados de las viviendas porque los dueños decidieron vender porque aumentó la demanda de las propiedades.

Tenemos mil personas homeless, que viven en las calles y un cuarto de ellos son refugiados de los incendios, reveló, al indicar que en noviembre eligieron un nuevo consejo de la ciudad por el gran problema de los desamparados, pero que ahora grupos está enjuiciando a la ciudad usando un lenguaje para culpar a esa gente.

Muchas veces, dice Larry, se les echa la culpa a los homeless diciendo, “que ustedes no quieren ir a los refugios, usan droga…mi historia hace ver que eso es una mentira”.

Y explica cómo él ha tratado de conseguir vivienda y apoyo que muchas veces no llega.

Luego de pasar por problemas de salud, comentó que en septiembre apenas pudo tener un teléfono para llamar a un amigo para tener unos anteojos y documentar la lucha que enfrentan los homeless.

“Busque ayuda con organizaciones, ahora que me he quedado sin posibilidades., busque ayuda en el condado. Hasta ahora estoy viviendo con 200 dls de discapacidad y 194 dls de food stamp para alimentos.

El 6 diciembre pedí desempleo y tuve que ir a la oficina de un miembro de la asamblea para que me ayudara con el papeleo. Los obstáculos son muy grandes y es muy fácil terminar de homeless”, explica, tras comentar que cualquiera, ya sea por la salud o por las condiciones climáticas, puede ser que termine en la calle.

Para la editora Leslie, en Chico no hay interés sobre el tema de la vivienda y no hay un requisito en el estado para que la vivienda sea asequible.

Lo que sugiere Larry es eliminar los obstáculos para la vivienda asequible porque muchos sobrevivientes en los últimos dos meses están tratando de rehacer áreas construyendo, pero todavía no hay el dinero de los reclamos.

“Antes del incendio, se estaba intentando hacer casas pequeñísimas, son una solución para la gente mayor. Hay gente que prefiere vivir en una casa pequeña en vez de pagar una hipoteca. ¡Eso ayudaría mucho!”, estimó.

Para Kimberlin, una de las cosas que reveló la pandemia es a lo que se enfrentan los inquilinos con el alquiler, por eso piensa que para crear vivienda asequible también se deben crear políticas. Por ahora, hay 57 políticas en cuanto a vivienda en California.

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